Hoy en la sesión de control al
gobierno una diputada socialista ha preguntado al ministro De Guindos si, como
afirmó en rueda de prensa el pasado sábado, los intereses devengados por la
financiación del Eurogrupo para el rescate bancario computarán como déficit o
no lo harán. La cosa no era intranscendente porque Mariano Rajoy contradijo a
su ministro al día siguiente de la rueda de prensa y hasta el portavoz de asuntos económicos de la UE, Amadeu
Altafaj respaldó las palabras del presidente, en unas declaraciones a TVE a
primera hora del lunes. El ministro ha eludido la respuesta con lo cual nos
hemos quedado como estábamos.
Las condiciones exactas que habrá
de cumplir España para recibir la ayuda europea se plasmarán en el Memorando de
Entendimiento que deberá firmar el gobierno español y cuando este documento se haga público
sabremos las condiciones de la facilidad en cuanto a tipo de interés, forma y
plazo de amortización, etc. También conoceremos, entonces, en qué medida estas
condiciones afectarán a los bancos receptores de la ayuda (y al resto de entidades) así como si tal
condicionalidad se hará extensiva al conjunto de la política económica del
gobierno y en qué forma.
Entre tanto, el diario El Mundo
adelantaba hoy alguna información al respecto. Según este diario, el tipo de
interés que aplicará la UE sería del 3% anual (lo dudo mucho pero en fin), el plazo de amortización sería
de 15 años y además se contemplaría un período de carencia de cinco años,
durante los cuales no habría que pagar ni principal ni intereses.
En esta dispensa del pago de
intereses durante cinco años podría encontrarse la clave de las palabras de
Rajoy negando el impacto de los intereses en el déficit publico pero una cosa
es no pagar (durante cinco años) y otra
cosa es ni siquiera contabilizar el devengo anual de estos intereses, vamos cosa de locos. En
cualquier caso, el impacto en el coste final de la operación como consecuencia de
la forma de pago elegida, si finalmente se confirma la información de El Mundo,
no es baladí.
También se ha sabido hoy que, mediante una enmienda introducida por el PP en
el Senado a los Presupuestos Generales
del Estado, el gobierno se propone avalar al FROB con hasta 66.000 millones de
euros, para que se endeude hasta las cejas.
Con ambas informaciones y suponiendo
que este aval se utilice para garantizar la devolución del dinero al FEEF
(Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) o al MEDE (Mecanismo Europeo de
Estabilidad), cuando se decida por donde
se canalizará la ayuda (otra cuestión que no es baladí), me he tomado la molestia de hacer unos números
para situar lo nos puede costar la incontinencia verbal (o el escaso respeto a la verdad) de nuestro presidente.
Estas son las premisas para el cálculo
del importe del préstamo a movilizar,
los pagos anuales a realizar por amortización de capital y por intereses y el
coste final de la jugada:
- El préstamo devengaría intereses al tipo fijo durante todo el período del 3% anual y tendría un plazo de amortización de 15 años, con los cinco primeros de carencia, tanto en cuanto a la devolución del principal como al pago de sus intereses.
- Los intereses devengados y no pagados durante cada uno de los cinco primeros años se acumulan al principal del crédito al final de cada año incrementando el capital adeudado.
- La amortización de la deuda acumulada al final del quinto año que se inicia el sexto año y termina el decimoquinto, se realiza mediante diez pagos anuales iguales a los que hay que añadir el pago anual de intereses.
- El importe máximo de la facilidad a solicitar se ha calculado en función del límite del aval a favor del FROB (66.000 millones) y de la acumulación de intereses devengados y no pagados durante los cinco años de carencia de la facilidad.
He aquí los resultados:
Como se puede apreciar, el
importe de la facilidad a movilizar, calculado en función del aval, ascendería a
un máximo de 56.932 millones de euros, importe que tras la acumulación de los
intereses devengados y no pagados durante los cinco primeros años se eleva al
final del quinto año a 65.999,80 euros (el aval es de 66.000 millones). Así
pues, cada año, durante los 10 restantes hay que amortizar 6.600 millones de euros de principal y además
hacer frente al pago de los intereses que el primer año ascienden a 1.980
millones de euros con un decalaje decadente hasta los 198 millones
correspondientes al año decimoquinto. De
todo ello resulta que, transcurridos los quince años, deberemos devolver, en virtud de la forma de pago
elegida (carencia de capital e intereses) la suma de 76.889,8 millones euros
para cancelar los 56.932 millones que nos prestaron. Entre una cosa y otra nos
gastaremos unos 20.000 millones de euros.
Si, por el contrario, Mariano
Rajoy no hubiera tenido el impulso de negar el impacto de los intereses en el
déficit (o sea la lengua muy larga y la falda muy corta), las cuentas serían
estas: quince pagos iguales de 3.795,5 millones de euros para amortización de
principal y quince pagos anuales descendentes de intereses que se inician con
1.708 millones de euros el primer año y terminan con 113,9 millones el año
décimo quinto. Aquí están los números:
Hay una tercera vía.
Si la forma de devolución hubiera sido la que se aplica a cualquier paisano que
va a pedir una hipoteca y le cargan una cuota mensual igual (hasta que se
revisa el Euribor) comprensiva de capital e intereses. Los números quedarían
así:
Quince pagos iguales de 4.769
millones de euros durante cada uno de los quince años de la vida de la
facilidad. Al final devolveríamos 71.534,98 millones de euros. Ello es un poco
más que en el supuesto anterior (939,30 millones de euros) pero mucho menos (5.354,77
millones euros) que la opción a la nos ha llevado la lengua de Rajoy.
Finalmente, habría una cuarta
posibilidad consistente en devolver la
facilidad acumulada en los cinco primeros años (66.599,80 euros), mediante diez
pagos anuales iguales de capital e intereses. Ello supondría
desembolsar la suma de 7.737,19 millones de euros cada uno de esos 10 años y
por tanto devolver 77.371,19 millones euros a cambio de los 56.932 millones
recibidos.
De haber elegido la opción de
pagar puntualmente desde el primer año, y descartando la fórmula que se aplica
al ciudadano de a pie para el pago de su hipoteca (pagos iguales de capital más
intereses), el dinero que habría que
destinar a esta operación quedaría limitado a 70.595,7 millones de euros frente
a los 76.889,8 millones resultantes de la modalidad elegida. Vamos que cuando termine
la fiesta y se apaguen las luces, la
lengua de Rajoy nos va a costar 6.294,1 millones de euros (y todo ello para no
añadir del orden de 0,15 puntos de PIB al déficit público durante los próximos
cinco años). Antiguamente a esto lo llamaban “disparar con pólvora del rey”, ahora lo
llamamos “esquilmar a los ciudadanos”.
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